Aquest text, en català
¿La cultura o lo cultural? ¿Las políticas de la cultura o las políticas culturales? No se trata de una discusión semántica, sino de preguntas que reaparecieron al reciente debate “El sentido de la cultura”, coordinado por Antonio Monegal en el CCCB.
Las políticas culturales se han construido sobre la idea de la cultura como sustantivo, como nombre, como objeto, incluso como esencia de un grupo o colectivo. Las políticas culturales no han asumido el reto de entender la cultura como adjetivo, es decir, de construir políticas de lo cultural. Poderes públicos y el sector cultural en su conjunto nos hemos refugiado en las políticas culturales como políticas de la cultura. Prueba de ello es que la poca información que se genera sobre los resultados de las políticas culturales está enfocada mayoritariamente en la cuantificación de las actividades y productos del sector cultural así como en el consumo cultural.
¿Qué quiere decir, entonces, asumir el reto de impulsar políticas de lo cultural? Antropólogos como Appadurai, García Canclini o Grimson proponen entender la cultura más como adjetivo (lo cultural) y menos como sustantivo. Lo cultural sería aquello que nos permite ser agentes, aquello que nos hace ser protagonistas en nuestras prácticas sociales. Lo cultural son las maneras en que nos enfrentamos y negociamos, y por lo tanto, también cómo imaginamos aquello que compartimos.
Esta mirada es una mirada política de la cultura. Hace hincapié en el carácter político de la cultura. Y por político no deberíamos entender juego de intereses partidarios o lucha para conseguir recursos. Pensar en el sentido de la cultura como proceso político quiere decir pensarla como proceso de confrontaciones que se dan justamente porque participamos en contextos comunes y porque imaginamos aquello que compartimos.
Este sentido político de la cultura conecta con una mirada que entiende la cultura como parte de los bienes comunes. Y aquí vale la pena el matiz del plural. Bienes comunes y no tanto bien común, porque no hablamos de una posible superioridad moral de la cultura. La cultura no es una esfera elevada y separada de la sociedad o de la política. Y entonces, por qué hablamos de la cultura como parte de los bienes comunes? Porque podemos plantear como hipótesis la necesidad de que las políticas culturales reconozcan este sentido de la cultura. Que las políticas culturales sean políticas de los bienes comunes.
Cómo sabemos por los estudios de Elinor Ostrom, Yochai Benkler y tantos otros, los bienes comunes (commons) no son espacios ni objetos, sino más bien regímenes de gobernanza o de gestión compartida de recursos por parte de comunidades que tienen normas identificables. Hemos aprendido a mirar los bienes comunes menos como sustantivos (el bien común) y más como adjetivos (lo común). Podríamos tener una mirada similar también con la cultura.
En cuanto a las políticas culturales, esta mirada nos obliga a dos cosas. Por un lado, si pensamos en la cultura como parte de los bienes comunes, debemos asumir que hablamos no sólo de recursos, ya sean intangibles -lenguas, expresiones diversas- o tangibles -equipamientos culturales, etc. Hablamos fundamentalmente de maneras colectivas de gestionar estos recursos. Es decir, las políticas culturales no deberían pensar la cultura solamente como objetos o servicios culturales, sino también poder identificar y reconocer las comunidades que gestionan de forma compartida estos recursos.
Por otro lado, si pensamos en la cultura como parte de los bienes comunes, debemos reconocer un tercer elemento clave que comporta esta mirada. Además de los recursos y las comunidades, los bienes comunes incorporan normas propias, maneras de hacer. Si pensamos en las políticas culturales como políticas de los bienes comunes, deberíamos aceptar que la gestión colectiva de lo común comporta normas o reglas que son desarrolladas por las propias comunidades y que permiten su sostenibilidad.
En países con administraciones públicas jerarquizadas, pensar las políticas culturales como políticas de lo cultural, como políticas de los bienes comunes, supone un nuevo reto para la legitimidad de la intervención gubernamental. Sobre todo para el tipo de intermediación que tradicionalmente han asumido las políticas públicas. Por eso los gobiernos y las instituciones públicas deberían encontrar un nuevo lugar y un nuevo rol en este escenario. Un escenario donde -eso sí- todavía necesitamos políticas públicas; un contexto como el actual donde sí que hace falta que los gobiernos asuman determinadas responsabilidades. Diferentes, pero responsabilidades al fin y al cabo. Aunque esta cuestión es otra historia.
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